La defensa del exgobernador Javier Duarte dijo hoy que la acusación en contra del político carece de sustento jurídico pero que el político decidió aceptar las dos órdenes de extradición para demostrar su inocencia en su país.
El abogado Carlos Velásquez señaló a los medios de comunicación, al... La defensa del exgobernador Javier Duarte dijo hoy que la acusación en contra del político carece de sustento jurídico pero que el político decidió aceptar las dos órdenes de extradición para demostrar su inocencia en su país.
El abogado Carlos Velásquez señaló a los medios de comunicación, al concluir la vista en la que Duarte aceptó su extradición a México por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se trata de una solicitud “muy infundada” y que tiene carácter político por sus “adversarios”.
En un comunicado entregado a los periodistas posteriormente y firmado por la defensa legal del político, se reitera que no existe “un análisis jurídico serio”, que no se prueba la participación de Duarte en la supuesta organización criminal y que, por ende, se ha aceptado la extradición, para demostrarlo.
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“Estamos frente a una orden de aprehensión que adolece de serios vicios (…). El presente asunto pone a prueba el Estado de Derecho. Ni la política, ni acaso intereses de índole alguno pueden pasar por encima de la Constitución, Leyes y Jurisprudencia. Estamos listos”, concluye el comunicado.
El abogado vaticinó que dentro de 15 a 18 días hábiles habrán concluido los trámites administrativos para la extradición de Duarte y que será a partir de entonces cuando la embajada mexicana deba hacer las coordinaciones necesarias para su traslado.
El comunicado precisa que en el caso concreto se le imputa la supuesta ilegalidad de una sola operación vinculada a unos ejidos, que ante la falta de elementos del delito el resultado será que éste no se cometió.
En el caso de la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalan está planteada como si fuera peculado.
Y agregan que como una inconsistencia es que la fecha en la que se presume se desviaron recursos del gobierno de Veracruz para financiar la adquisición de los citados terrenos ejidales, es posterior a la compra de los mismos.
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