De acuerdo a información de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Rogelio Franco Castán, del 1 de diciembre de 2016 al 31 de mayo de este año se han presentado en la entidad 851 manifestaciones, periodo que corresponde a los primeros meses de la administración de Miguel Ángel Yunes... De acuerdo a información de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Rogelio Franco Castán, del 1 de diciembre de 2016 al 31 de mayo de este año se han presentado en la entidad 851 manifestaciones, periodo que corresponde a los primeros meses de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
Mediante una solicitud de información pública al área de transparencia de la dependencia, el número de protestas es similar a las registradas con Javier Duarte de Ochoa, quien promedio cuatro manifestaciones al día en su sexenio.
En 2014 el gobierno del priísta registró 880 inconformidades sociales, número similar al que tiene Yunes Linares en 5 meses de gobierno.
Común el uso de la fuerza pública
Además, un seguimiento periodístico evidencia que de las manifestaciones registradas desde noviembre hasta el mes de junio de este 2017, al menos 10 han sido disueltas con el uso de la fuerza pública por parte de la actual administración.
Entre los casos más graves está el del pasado 16 de junio, cuando Felipa López Alfonso, de 62 años de edad, casi perdió la vida luego de recibir un balazo de un policía estatal, hecho que se registró en el Fraccionamiento Monte Magno de Xalapa.
Ella era una de las residentes de la colonia Ampliación El Olmo, colindante a Monte Mago, quienes se manifestaron el pasado 16 de junio para evitar que las autoridades demolieran un puente que construyeron para el paso de pipas que los abastecen de agua.
Los lugareños se reunieron para impedir el arribo de la maquinaria que era resguardada por personal de la Policía Estatal y del IPAX, cuando un oficial sacó su arma para disuadirlos y según la versión oficial “disparó accidentalmente”, hiriendo a la mujer.
Un caso similar ocurrió en el puerto de Veracruz el pasado 10 de junio, cuando granaderos desalojaron a habitantes del fraccionamiento Costa Dorada, después de que bloquearon la carretera Veracruz-Xalapa para exigir agua potable al no tener el servicio por dos semanas.
Los granaderos comenzaron a replegar a las personas. Sonia Portugal se acostó sobre el pavimento para evitar que la retiraran, sin embargo los elementos la esposaron y golpearon hasta hacerla sangrar del rostro.
Un día después, Yunes Linares sorprendió al dar una rueda de prensa del Grupo de Coordinación Veracruz, en donde prometió sancionar a los elementos de comprobarse si hubo abuso de autoridad, aunque también anunció acciones legales en contra de los manifestantes.
No obstante, el uso de la fuerza pública para apaciguar a inconformes quedó en evidencia desde el pasado 16 de diciembre, cuando con un operativo coordinado entre la Policía Federal, la Fuerza Civil y la SSP, las autoridades desalojaron la caseta de peaje de Fortín de las Flores.
Entonces se detuvo a 5 personas, quienes fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de la República, debido a que desde un día antes un grupo impedía el tránsito demandando la conclusión de obras en la región.
El primer desalojo a una manifestación en una dependencia ocurrió el 12 de diciembre 2016, cuando manifestantes de la organización Alianza Revolucionaria Constitucional “ARCO”, de Topacio Citlali Hernández, cerraron la vialidad de la avenida Lázaro Cárdenas.
Durante varias horas habían impedido la entrada a funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pero cuando optaron por cerrar la carretera elementos antimotines arribaron a la zona, deteniendo a cuatro personas y a la líder.
Hernández Ramírez fue encarcelada luego de que la FGE le abrió la carpeta de investigación UIPJ/DX/4/6996/2016, sin embargo tras tramitar un amparo logró la libertad, aunque el proceso legal en su contra está vigente.
El 3 de abril, habitantes de Soledad Atzompa arribaron a la ciudad de Xalapa para demandar atención a tramos carreteros en pésimas condiciones, por lo que cerraron el tráfico de la calle Enríquez, frente al Palacio de Gobierno.
Mientras una comisión encabezada por el alcalde Bonifacio Aguilar Linda ingresó a un presunto diálogo al interior de Palacio de Gobierno, policías de la SSP y elementos de la Dirección de Tránsito del Estado retiraron a los manifestantes que permanecían en la vía pública.
Con empujones, los elementos lograron retirar camionetas y camiones con los que se habían trasladado, apoyados de policías antimotines y elementos de la Fuerza Civil, con saldo de una persona lesionada, así como dos camionetas, dos autos y un autobús asegurados.
El 27 de enero se registró la toma de las oficinas de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos, la cual terminó con un enfrentamiento entre policías estatales y un grupo de trabajadores, quienes reclamaron la falta de avances en sus demandas laborales.
Mientras uno de los obreros se encadenó para impedir el acceso del personal, abogados y público en general argumentaron ser víctimas de despidos injustificados en los que las autoridades favorecieron al patrón, pero un grupo de policías de la Fuerza Civil y Granaderos llegaron al lugar.
Tras un diálogo infructuoso las fuerzas estatales iniciaron el operativo para desalojarlos, provocando jaloneos entre uniformados y manifestantes que culminaron en la detención de cuatro personas.
Días después, en el municipio de Coatzacoalcos, elementos arribaron a una manifestación donde familiares de Gustavo Ruiz Zárate, taxista asesinado, exigían justicia bloqueando la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos 1.
Al bloquear el acceso por más de una hora, elementos antimotines arribaron al lugar para desplazarlos.
Era el miércoles 22 de marzo y las personas denunciaron que un taxista desapareció tras ser levantado supuestamente por elementos de la Fuerza Civil y que su cuerpo fue encontrado días después en la carretera a Las Matas.
El pasado 6 de junio se registró un saldo de al menos 12 detenidos, así como tres civiles y un policía estatal heridos, luego de que la SSP retiró de la carretera federal 180, en la comunidad de Chilapan, a integrantes de la Organización del Gobierno Autónomo Indígena (OGAI).
La manifestación se organizó para defender a Wilfrido Reyes Martínez, sobre quien pesa una orden de aprehensión de la FGE por su presunta participación en la quema de palacio municipal de Catemaco en 2016.
Otro grupo de manifestantes que se encontraba en el puente Canseco en Catemaco, también fue desalojado, con saldo de varias personas heridas.
El último desalojo registrado ocurrió el pasado 19 de junio, cuando la Fuerza Civil retiró a un numeroso grupo de personas adheridas a la Coordinación Campesina Indígena Náhuatl Liberación Nacional.
Los inconformes exigieron que Jorge Winckler atienda las denuncias interpuestas en contra de Miguel Oltehua y su hermano Mario, acusado de haber agredido con una motosierra a Germán Oltehua Vásquez, integrante de la agrupación, quien fue mutilado.
Pese a esto la Secretaría de Gobierno negó que se tenga información con respecto al uso de la fuerza pública en las manifestaciones en la solicitud de información argumentando que no le corresponde registrar la presencia de elementos de la SSP.
