Criminalizar a las víctimas: El arte de la política actual

Fuera de Foco

SilviaNúñez Hernández

Los tatuajes es una forma de expresión visual que muchos seres humanos utilizan. Así como la fotografía, la pintura, los murales y hasta los grafitis, muchas personas buscan un espacio para poder difundir sus trabajos. Para muchos políticos, que una persona se haga tatuajes en el cuerpo, significa que pertenece a un grupo criminal. Los políticos no usan tatuajes y no por ello son personas de confianza para la ciudadanía; estos roban, mienten y hasta en el peor de los casos, son autores intelectuales del asesinato de quienes lastiman sus “intereses” personales.

Para quienes han perdido un ser querido a causa de la gravosa inseguridad que persiste en la entidad veracruzana, es muy duro y hasta indignante que las autoridades "procuradoras" de justicia se concentren en investigar todo acerca de las víctimas y hasta los deudos, pero se olvidan de los delincuentes que les han arrancado la vida de la peor manera. Causa dolor, producen hasta ira combinada en la intensa desesperanza de no saber exactamente qué o quiénes coartaron una vida con el absoluto cinismo e impunidad de un ser querido.

Actualmente el hampa sin perjuicio alguno y para dejar en claro quién manda en Veracruz secuestran y matan para dejar un mensaje significativo a la autoridad. Los hallazgos de cuerpos inertes en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares es la modalidad que los narcotraficantes mantienen para declararle la guerra. Una guerra no directa, una guerra cobarde entre un bando y otro, en donde la única perjudicada es la sociedad. Porque no se concentran en aniquilar al político en cuestión, sino que “cazan” a los ciudadanos como para hacerles pagar la “intentona” de querer exterminar su grupo delincuencial dentro del territorio veracruzano. Siempre el ciudadano en medio de la polución y corrupción entre los políticos y el hampa. Siempre el ciudadano en medio por el hambre de ambos, por controlar la plaza.

Jorge Alberto Castro Solís, es el nombre del médico y director de la Clínica Alem"s que el pasado 28 de febrero fue interceptado a las afueras del Colegio Tepeyac cuando intentaba dejar a su hijo a la escuela. Subido a la fuerza a un vehículo particular –mientras el pequeño despavorido corría para ponerse a salvo- y al oponer resistencia, fue herido en ambas piernas. Sus heridas y su lucha por impedir su plagio, no detuvo a sus captores para ingresarlo con violencia a la unidad e huir del lugar a toda prisa. Nadie los interceptó. Huyeron sin problema alguno, porque en Veracruz quienes mandan son ellos y la autoridad al parecer se encuentra “pintada” –como cotidianamente se dice-.

Pero este hecho no es el único que ensombreció a la familia del director de la Clínica Alem"s. En septiembre del 2016, su esposa Magaly Quintero Rivera fue asesinada cuando viajaba hacia la ciudad de Puebla junto con su madre, esta última resultando herida de una mano a causa de la agresión en contra de su hija. Hoy el galeno, luego de su rapto, aparece en Boca del Río junto con 10 cuerpos más en las inmediaciones del fraccionamiento Tampiquera. Un hecho por demás sangriento y que evidencia la situación real en la que se encuentra el estado de Veracruz y al parecer, no hay para cuando se restablezca la tranquilidad que antiguamente persistía en la entidad

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) a cargo de Jorge Winckler Ortiz, advierte en su comunicado de prensa que identifica al onceava víctima, la misma que fue expuesta su humanidad ante los medios de comunicación por parte del hoy gobernador constitucional del estado, Miguel Ángel Yunes Linares. En él documento se destacaba:

“Luego de reconocer los marcajes personales que portaba la víctima en su cuerpo, se realizaron las diligencias de reconocimiento oficial ante las autoridades del fuero común, por parte de los familiares del agraviado de sexo masculino (…) Así, la identidad de la víctima fue establecida como Alberto “N” quien había sido privado de su libertad la mañana de ese día en la ciudad de Poza Rica (…) Las investigaciones iniciales indican que se habían abierto en su contra cuando menos dos carpetas de investigación por diversos ilícitos”.

Ni el enlace de prensa de la FGE y ni el propio fiscal acreditaron cuales eran esos “diversos ilícitos” que mantenían en contra del doctor pozarricense. Como siempre, sin fundamentos y sin tener pruebas de posibles ilícitos, lanzan el dardo envenenado para criminalizar a la víctima. Para la autoridad, es su culpa que lo hayan matado; para la autoridad es fácil lanzar la duda que lo asesinaron por andar en malos pasos.

Es el mensaje de la FGE para intentar argumentar -sin pruebas- que las personas que sufren un secuestro y son asesinadas por la delincuencia organizada, eran parte de los grupos delincuenciales o colaboraban con ésta. No investigan si el galeno estaba siendo extorsionado y al no cooperar, lo hayan finalmente aniquilado. La FGE con la finalidad de quitarse la obligación de investigar el asesinato, difama y no investiga.

Les tiembla la mano para irse en contra de las bandas delincuenciales. No dudamos que teman por sus propias familias, por su propia humanidad y por ello pisotean las memorias de los asesinados. La autoridad “procuradora de justicia”, no se detiene en deshonrar a los muertos y meter a las familias, el miedo necesario para que no procedan ni exijan justicia. Es una estrategia por demás cobarde.

Familias de Poza Rica indican que el médico y director de la Clínica Alem’s, Jorge Alberto Castro Solís, se le consideraba una persona digna. No se le conocía ningún vínculo con la delincuencia organizada y era profesionalmente reconocido en la zona. Indignados, argumentan que la FGE para “salvar su pellejo” lo difama. “Claro, como él ya no se puede defender, ahora la fiscalía lo acusa de delincuente (…) Me molesta que siempre pasa esto, cuando las autoridades deberían de protegernos, siempre se van en nuestra contra (…) Nada ha cambiado, sigue siendo la misma mierda” argumentó Tania “A” –de anónima- por mensajería a una servidora.

El 03 de marzo del 2016, cuando Miguel Ángel Yunes Linares era precandidato a la gubernatura del estado, en rueda de prensa en reconocido hotel de Boca del Río, dijo a los medios de comunicación que si el ganaba la elección popular para el puesto que hoy actualmente ocupa, a Veracruz le terminaría “la noche negra” de la inseguridad en la Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa habían sumergido al estado.

Dijo haber sostenido reuniones con ‘expertos’ en seguridad provenientes de Estados Unidos e Israel, con quienes había elaborado un programa para restablecer la seguridad en Veracruz. Alertó que era posible recuperarla y volver a vivir tranquilos como antiguamente se vivía.

“Es necesario la reconstrucción total del sistema estatal de seguridad pública, un cambio de raíz, que nos permita tener cuerpos de policía confiables, bien preparados en academias del más alto nivel, con salarios dignos y seguridad social (…) El uso de la tecnología más moderna será la base del nuevo modelo de prevención del delito y persecución de los delincuente (…) Hoy lo que está en uso en las ciudades del mundo moderno son sistemas de vigilancia con el apoyo de satélites, drones, cámaras de video-vigilancia, además de estrategias de prevención basadas en estadística delictiva regionalizada; así han logrado bajar los niveles delictivos (…) Pueden utilizarse en Veracruz los mismos sistemas que hoy se usan en cualquier lugar del mundo, hay recursos suficientes y tengo conocimiento pleno de cómo hacerlo” alardeó el hoy mandatario.

Dijo que el patrullaje es un modelo de prevención del delito ineficiente y caro, “Me comprometo a que los veracruzanos viviremos seguros, sin el acoso de la delincuencia. Podremos estar tranquilos en nuestras casas y en la calle; nuestros hijos no estarán bajo amenaza”.

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A 96 días de mandato, Miguel Ángel Yunes Linares implementó la estrategia ancestral, esa misma que dijo es “ineficiente” y todavía aún, solicitó ayuda al gobierno federal para el patrullaje de la gendarmería en ciertos municipios de la entidad. Los sistemas cibernéticos que tanto presumió y que serían utilizados en su gobierno, no se han visto y aun la policía a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, continúan percibiendo salarios paupérrimos como los mantenía el hoy detenido, Arturo Bermúdez Zurita. Nada cambia, todo igual y hasta en ciertas secretarías como la de Salud, a cargo de Arturo Irán Suárez Villa, la crisis se prevé más alarmante luego que de ella depende la vida de muchos veracruzanos.

La justificante. Duarte se robó todo. ¿Acaso Miguel Ángel Yunes Linares no estaba consciente del hurto que el ex mandatario estaba realizando cuando con bombo y platillo dijo que no habría más inseguridad en el estado? Como dice un reconocido abogado en el estado: “No es lo mismo ser borracho, que cantinero”.