Xalapa, Ver. 30 de marzo.- La Diputada Daniela Griego Ceballos, del grupo legislativo de Morena, ponderó que en el Congreso Veracruzano se vote la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, iniciativa presentada por la diputada Mary José Gamboa, reconociendo la voluntad para aceptar algunas propuestas de Morena para modificar la Iniciativa original, lo que ha permitido tener un dictamen más completo y dotar de mayor participación a la sociedad civil.
Dijo que en Veracruz se vive una problemática en torno a aspectos estructurales heredados de gobiernos anteriores y que dificultan el logro de un pleno Estado de derecho, como: la inseguridad pública; un sistema de procuración e impartición de justicia ineficaz; la falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública; un manejo irresponsable de las finanzas públicas; la corrupción, y la violación sistemática de los derechos humanos, entre otros.
Agregó que las causas que han originado los problemas anteriores son multifactoriales, pero buena parte de aquéllas, se deben al incumplimiento del deber legal por parte de las administraciones públicas, estatal y municipales.
Lo anterior ha derivado en los máximos niveles de corrupción que ha tenido el estado de Veracruz en su historia, aunque han sido denunciados por la sociedad civil e incluso, por las instancias fiscalizadoras de carácter estatal y federal, documentándose desvíos de recursos públicos para fines contrarios a lo establecido en la norma, no han sido castigados ni encarcelados cientos de ex funcionarios cómplices de este atraco al pueblo veracruzano.
Señaló que la violencia que se ejerce en el país provoca que se trate a las víctimas como objeto de desprecio, “su vida no vale nada”.
“Mientras, la defensa de los derechos humanos se basa en un compromiso contra la barbarie y en un sentimiento de empatía basado en la dignidad humana”.
Indicó que se necesitan profesionales y funcionarios del Estado a quienes el dolor de las víctimas les duela, para poder transformar las políticas frente a la violencia, desde una visión como un problema de orden público que lleve, en lugar de una mayor militarización, a una política de prevención y de reconstrucción del tejido social.
Mencionó que las víctimas, luego de deambular por las diferentes dependencias gubernamentales, en las que sólo encontraron criminalización y las puertas cerradas, se han organizado en colectivos para crear frentes comunes con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, y demandan con mayor fuerza el cumplimiento real de los derechos reconocidos por el Estado mexicano.
Añadió que las personas que se convierten en víctimas suelen tener una capacidad importante para idear soluciones a sus problemas, que crece cuando logran articularse con quienes se encuentran en una condición similar, pues su objetivo es poner fin a la causa de su problema.
“Uno de sus logros fue precisamente, impulsar junto con la sociedad civil la Ley General de Victimas, publicada el 3 de enero pasado en el Diario Oficial de la Federación, como un primer paso de atención real y legal para las víctimas y sus familias”.
También se refirió a las fosas clandestinas donde se encontraron cientos de cadáveres, de lo que dijo que se requiere de un fondo económico para que las víctimas y sus colectivos sigan en la búsqueda de sus desaparecidos, por lo que, se establece en el Artículo 132 que “ El Fondo se conformará con recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del Estado en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que pueda ser disminuido.
El Fondo deberá ser constituido en términos de lo dispuesto en el título Octavo capítulo V de la Ley General de Víctimas.”
Como se sabe, la problemática no sólo es de las víctimas y sus colectivos, es un problema de la sociedad veracruzana y de la crisis humanitaria que estamos viviendo en México, por ello, se propone que la sociedad participe de manera más activa, ya no solo para encontrar a las personas desaparecidas, sino para prevenir y evitar que esto NO vuelva a ocurrir. Por ello, en el Artículo Transitorio Décimo se insiste en la participación ciudadana.
Reconoció que faltó más tiempo para realizar una consulta amplia con la sociedad, pero era imprescindible dar este paso, y mejorar lo que sea necesario.
La Ley de Víctimas es una oportunidad, no sólo para construir nuevos mecanismos y coordinar esfuerzos de atención, sino también para replantearle al Estado su relación con las víctimas. Pasar de las violaciones de derechos humanos o el estigma sobre las víctimas, a una relación de reconocimiento de sus derechos, de respeto por su dignidad y de compromiso y voluntad para su atención.
Pero la ley sola no sirve, si no va acompañada de la formación de los encargados de atender a las víctimas o investigar los casos, y por supuesto la vigilancia de la sociedad para que la Ley cumpla con su cometido.
Finalmente, urgió a los diputados de la LXIV Legislatura a encontrar mecanismos legales para que la justicia y la paz imperen en nuestra sociedad y en nuestros corazones, la ley debe contribuir a lograr este objetivo.
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