Por Daniela Barragán
En los últimos dos años, la administración federal ha basado su política económica en la austeridad. Sin embargo, en este lapso las acciones muestran un comportamiento muy diferente al discurso, plantearon analistas económicas. Tanto la Presidencia de la República como varias secretarías de Estado insisten en conservar privilegios que no tienen nada qué ver con la realidad que viven millones de mexicanos, destacaron. También expusieron que, a pesar de que tienen trabajos bien pagado, con todas las prestaciones que la Ley otorga y además otros “apoyos” como automóviles, chóferes, seguros de gastos médicos, seguridad personal, despensa, celulares y hasta el pago de la tintorería, la alta burocracia es incapaz de solidarizarse en un momento en que el país está sumido en una crisis económica.
Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– Luego de dos años de recortes presupuestales, de cancelación de obras públicas relevantes, de una deuda histórica, de un crecimiento económico que no rebasa el 1 por ciento y con 53 millones de pobres, las alarmas de la economía mexicana están encendidas. Sin embargo, de acuerdo con especialistas consultados, el discurso de “austeridad” y de “apretarse el cinturón”, que ha repetido el Gobierno federal en los últimos años, no ha tocado a la alta burocracia ni a la oficina y la casa donde vive y despacha el Presidente Enrique Peña Nieto.
En tiempos de desafíos, con una deuda que esta administración ha disparado a niveles históricos, si hay un círculo que parece estar intacto ese es el de los altos funcionarios y quienes trabajan de forma más cercana con el Ejecutivo federal, ya que a pesar de las dificultades económicas del país casa año se han asignado un presupuesto mayor, destacan.
Roberto Villareal Páez, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana; Alfredo Bravo Olivares, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Sunny Villa Juárez, investigadora del gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), coincidieron en que el actual Gobierno federal no sólo incurre en ilegalidad cuando endeuda de manera exorbitante al país, sino también en una falta de ética por los niveles de desigualdad social que se observan en México.
El 28 de octubre pasado, la SHCP reconoció que en el tercer trimestre de 2016, la deuda neta del Gobierno federal se situó en 35.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); la deuda neta del Sector Público se ubicó en 47.6 por ciento del PIB, mientras que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 48.0 por ciento del PIB.
La deuda de México alcanzó 35 por ciento del PIB con Carlos Salinas de Gortari en 1995, cuando estalló una crisis de grandes dimensiones que no sólo afectó al país sino que contagió al resto del mundo.
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