Devolución financiera en Veracruz podría ser de 700 mdp para Veracruz

Luego que la PGR lograra el regreso de 421 millones de pesos al erario de Veracruz, el titular de la dependencia, Raúl Cervantes, indicó que siguen las investigaciones que se realiza con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que el monto que se prevé recuperar podría llegar a los 700 millones.

“La inteligencia financiera de Hacienda y PGR detectaron movimientos irregulares; el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aportó información: con esto y herramientas de imputabilidad de personas jurídicas, se lograron los acuerdos de recuperación para con la víctima, que en este caso es la entidad.

“Se pudo obtener el daño patrimonial; las empresas que invertían en acciones no sabían que eran recursos ilícitos; la primera entrega del dinero ya se hizo por el monto de 250 mdp, y el resto se dará a lo largo del 2017. Si todavía estuviera en función (la ley orgánica pasada), el regreso de los fondos no hubiera sido posible: tardaría años”, señaló Cervantes

Explicó que el desvío se dio a través de redes o series de actos que los los condujeron a empresas fantasma.

“Después, algunos inversionistas compraban acciones de origen ilícito, eran los desvíos de Javier Duarte. Las adjudicaciones llegaban a personas físicas o morales, como último destino; en simples palabras, se siguió el rastro del dinero”, agregó.

Cervantes precisó que en la red interviene personas, empresarios, familiares y prestanombres.

Dos dependencias desvían  mil 600 mdp con empresas fantasma

El SAT investiga al área de Comunicación Social y a la Secretaria de Desarrollo Portuario por operaciones facturadas en 2014, realizadas con al menos dos compañías fantasma.

Hasta ahora el monto del fraude ya confirmado por los auditores locales supera los mil 600 millones de pesos, pero se espera que esta cantidad continúe incrementándose tras las nuevas investigaciones.

Datos oficiales proporcionados por el SAT revelan que se ampliaron las indagatorias con el objetivo de presentar ante la PGR una nueva denuncia penal en contra de los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables por delitos fiscales.

La investigación inicial confirmó que al menos 20 compañías fantasma recibieron contratos de las secretarías de Desarrollo Social, Educación y Protección Civil además del DIF Estatal entre 2012 y 2013.