Arturo Bermúdez Zurita, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, estaría involucrado en la desaparición de un número no determinado de personas localizadas en el cementerio clandestino del predio Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, señala esta mañana el diario Animal Político, citando como fuente de su información a “autoridades federales y estatales” en Veracruz, que estarían “integrando averiguaciones previas que serán consignadas ante un juez en contra de Bermúdez por su implicación en casos de desaparición forzada, hechos en los que demás habría complicidad con el crimen organizado”.El destacado medio de comunicación afirma que “se trata de una investigación en la que participan de forma coordinada las autoridades ministeriales estatales y federales para el seguimiento de esas líneas de investigación y los trabajos periciales”.
La Fiscalía de Veracruz, agrega el reportaje, “trabaja la carpeta de investigación central por el hallazgo masivo de miles de fragmentos humanos y al menos 250 cráneos en las fosas de colinas de Santa Fe y en donde se desprenden elementos que vinculan algunos de los casos con Arturo Bermúdez (…) de forma paralela la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) tiene tres averiguaciones previas en curso relacionadas con las mismas fosas y cuyos detalles se mantienen en sigilo”. Citando como fuente a uno de los funcionarios con conocimiento de las investigaciones, Animal Político señala que “lo que es un hecho es que Arturo Bermúdez tiene implicación en estos casos y será imputado penalmente por ellos”.
Asimismo, se precisa que hace dos meses “el pasado 5 de febrero madres del Colectivo El Solecito –el cual encabezó los trabajos de búsqueda en las fosas de Colinas de Santa Fe – denunciaron ante la Fiscalía del Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al menos 40 casos de personas desaparecidas ligados con la administración del exjefe de la policía de Veracruz.
Se trata de casos, ocurridos todos entre el 2011 y 2016, en donde las víctimas fueron retenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública según los testimonios y subidas a vehículos de esa corporación, sin que se haya vuelto a saber nunca más de su paradero”.
También, la nota menciona “la presunta complicidad entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz” y un grupo fuera de la ley del occidente del país, y “durante la gestión de Arturo Bermúdez quedó evidenciada tras el caso de la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca ocurrida en enero de 2016.
Como evidenciaron las investigaciones las víctimas fueron retenidas por elementos de la policía estatal cuando circulaban en un vehículo del que fueron obligadas a descender para luego ser ingresadas en camionetas de la policía estatal. Fue la última vez que se les vio con vida”, añadiendo que “ocho policías que fueron detenidos por este caso confesaron ante el Ministerio Público que los jóvenes fueron entregados a integrantes del crimen organizado en un rancho conocido como “El Limón” localizado en el municipio de Tlalixcoyan”.
Se trata, dice, de una zona con presencia de esa organización criminal según las autoridades, y abunda que “cuando las autoridades inspeccionaron ese rancho encontraron al menos tres mil fragmentos de restos humanos triturados y varios calcinados. Es decir se trataba de un sitio para desaparecer cuerpos de personas.
Pruebas de ADN confirmaron que había restos de al menos dos de los cinco jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca. Semanas después, el 16 de marzo de 2016, el gobierno federal reportó la detención de cinco integrantes de ese cártel por su presunta relación con la desaparición de los jóvenes de Tierra Blanca. Al menos uno de ellos estuvo presente en el rancho donde la policía entregó a las víctimas”, y este modus operandi “es el que ahora investiga la SEIDO en por lo menos tres casos más los cuales conectan con el municipio de Colinas de Santa Fe el cual también fue utilizado para desaparecer los cuerpos de personas con la presunta complicidad de elementos de Seguridad Pública”.
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