A puerta cerrada y en total opacidad, la Comisión Inspectora del Congreso del Estado inhabilitó por 12 años de la función pública e impuso una multa por 25 millones de pesos al ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, actual delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN para la elección en el Estado de México.Esto obedece a que Eduardo Rivera es el principal aspirante a la candidatura por Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Puebla, que dejaría fuera de la contienda a Martha Érika Alonso, dirigente estatal y esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
En su cuenta personal de Twitter, Rivera Pérez acusó que la Auditoría Superior del Estado de Puebla “disfraza de legalidad su incompetencia y elude su responsabilidad en el proceso” que se sigue en contra de su gestión; sin embargo, advirtió que la verdad es su mejor defensa.
El panista calificó de “vergonzoso” la inhabilitación, a pesar de que el proceso continúa ante la justicia federal.
En redes sociales, el panista recibió el respaldo de diferentes panistas, además del cuñado del ex gobernador, Fernando Manzanilla; y del alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, quien condenó la persecución política en contra de los panistas tradicionales de Puebla.
Mientras que el dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, informó que la fracción de su partido en el Congreso local votará de manera unánime en contra de la inhabilitación.
La sesión extraordinaria de este miércoles se llevó a cabo por la tarde-noche, a más de tres años de distancia que Rivera Pérez concluyó su administración.
Tras la aprobación de la inhabilitación, los diputados fueron citados este viernes 7 de abril para votar en el pleno el dictamen contra el ex alcalde capitalino.
De acuerdo a fuentes consultadas, en la sesión de la comisión se analizó el documento que entregó la Auditoría Superior del Estado; y la multa que se fijó en contra del panista fue 12 millones de pesos por daño patrimonial, y 13 millones más como sanción económica.
Hace un par de días, el Poder Judicial de la Federación admitió el amparo que interpuso el panista opositor a Moreno Valle, luego de que los diputados locales no dictaminaron su cuenta pública 2013 en los plazos que marca la ley, ni tampoco explicaron las razones que los llevó a dilatar el proceso.
Los legisladores han justificado que la dilación de la Comisión Inspectora para aprobar la cuenta pública no obedece a tintes políticos sino a una cuestión de solventar las observaciones.
Días previos, Eduardo Rivera advirtió que hay una intención de frenarlo tanto a él como a sus colaboradores para impedir que participen en los comicios de 2018.
Incluso, alertó que habría una “jugarreta política” por parte del Congreso del estado y la Auditoría Superior del Estado (ASE) al no haber dado respuesta a la primera audiencia que se realizó el pasado 20 de enero, cuando Rivera Pérez entregó siete toneladas de documentos para solventar las observaciones a su cuenta pública de 2013.
De acuerdo a la solicitud de amparo 553/2017/IV del Juzgado Tercero de Distrito, el Congreso del estado tenía 15 días para responder a la autoridad federal, pero la respuesta dos meses después.
En diciembre pasado, el Congreso aprobó un Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en contra del ex edil por supuestas irregularidades detectadas en su cuenta pública del año 2013 por un monto de 411 millones de pesos.
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