Al terminarse el espacio de almacenamiento (de las memorias), se sobreescriben los datos, eliminando toda información grabada con anterioridad”, informó Sedena en respuesta a una solicitud de información.
Por Alejandro Juárez C.
Como toro enfurecido, una camioneta verde olivo da alcance, impacta y detiene la marcha de otra camioneta, ésta de color blanco.
En el interior del vehículo, nueve personas perdieron la vida, baleadas por sus persecutores. El drama continúa a un par de metros del vehículo agredido por militares mexicanos. Las frenéticas pisadas de quien intenta escapar de su verdugo levantan una polvareda que se acrecienta por la ráfaga de plomo que lo persigue hasta arrebatarle de manera violenta su último suspiro.
La escena fue grabada el pasado 3 de septiembre en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El video fue presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la madre de uno de los fallecidos, como evidencia de lo que podría tratarse de una de las violaciones más graves por parte del Ejército en lo que va del sexenio.
El antecedente de Tlatlaya
El caso se asemeja al acontecido a mediados de junio de 2014 en Tlatlaya, donde una veintena de personas fueron ejecutadas a quemarropa por miembros del Ejército Mexicano. En esa ocasión, los uniformados alegaron haber sostenido un enfrentamiento para justificar la masacre de los civiles, aunque semanas después, algunos testimonios, así como flagrantes alteraciones en la escena del crimen, desdijeron la versión oficial.
Al igual que entonces, evidencias firmes mantienen bajo sospecha el accionar de los efectivos castrenses en la ciudad fronteriza.
A raíz del escándalo en el suroeste del Estado de México, la CNDH emitió la recomendación 51/2014, donde se propone a las fuerzas armadas implementar equipos de filmación durante sus operativos; sin embargo, a un año de su incorporación, las grabaciones obtenidas han sido eliminadas sin dejar registros. En el mejor de los casos, el contenido videográfico fue “reservado” durante cinco años, lo que impide comprobar la correcta actuación del Ejército.
Opacidad calculada
De acuerdo con información obtenida vía transparencia, la Sedena no cuenta con un organismo encargado de recopilar ni almacenar el contenido de los videos obtenidos por las cámaras Go pro, que significaron un gasto por más de 50 millones de pesos. En su respuesta a una solicitud de información, con folio 0000700113616, la dependencia afirma que “al terminarse el espacio de almacenamiento (de las memorias), se sobreescriben los datos, eliminando toda información grabada con anterioridad”.
Solo se conserva el registro de siete videos, los cuales datan del primer semestre de este año, aunque, con la excusa de contener datos personales que pueden poner en peligro las operaciones marciales y en contradicción con el objetivo de comprobar el respeto por los derechos humanos durante la actuación militar, dichos materiales “tienen carácter de reservado”.
Para José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la negativa sobre el contenido de los videos es ejemplo claro de opacidad y de la nula importancia que se presta a la rendición de cuentas en materia de derechos humanos en el país. “Resulta absurdo que nadie tenga acceso a los videos para verificar si hubo un adecuado uso de la fuerza”, lamentó el funcionario.
El Estado Mayor de la Defensa Nacional justificó que los videos estuvieran reservados para priorizar el éxito de las operaciones militares y garantizar la seguridad de los elementos castrenses.
En contraste con el hermetismo que rodea las grabaciones de la Sedena, en enero de este año fue difundido el video de la tercera captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Publicado por Televisa, el audiovisual de 15 minutos muestra a detalle el procedimiento de los elementos, así como el rostro de algunos miembros de la Marina que apresaron al entonces hombre más buscado del planeta. Para Guevara Bermúdez, la filtración del material es una incongruencia más en el discurso de las autoridades.
Fuerzas armadas, fuera de control: AI
Los cuestionamientos hacia la milicia mexicana no son exclusivos de la administración de Enrique Peña Nieto. En junio de 2009, en el municipio de Playas del Rosarito, Baja California, los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez, junto con Orlando Santaolaya y Ramiro López sufrieron una de las violaciones de derechos humanos más recordadas de la década pasada al ser detenidos arbitrariamente por elementos militares.
Obtenidas con base en torturas, las declaraciones de las víctimas los inculparon de un secuestro que no cometieron, delito por el que estuvieron presos y del que fueron absueltos hace apenas un año. Según los documentos de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el caso se violaron, cuando menos, cinco derechos.
Debido a ello, la CNDH emitió la recomendación 33/2015, en la que volvió a exhortar a la Sedena a utilizar equipos videográficos durante sus operativos. Más de un año después de la masacre de Tlatlaya se puso en marcha la grabación de las maniobras de seguridad. Para algunos expertos, las exigencias de la Comisión a la Sedena son tibias. El organismo no respondió a una solicitud de entrevista sobre el tema.
Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, criticó la falta de control que evidencia el Estado sobre sus propias fuerzas armadas. Tan solo en el sexenio pasado, cuando Felipe Calderón decidió comenzar la guerra contra el narcotráfico, la CNDH reportó 8 mil quejas por violación a derechos humanos por parte de militares. En total, durante la administración del panista, el organismo emitió 5 mil 176 recomendaciones dirigidas a las distintas corporaciones de seguridad.
Grave crisis en materia de derechos humanos
Aunque desde el retorno del PRI a la Presidencia las recomendaciones disminuyeron un 17 por ciento, para Quiroz tal dato no significa que los abusos también se hayan reducido. Por el contrario, asegura que México se encuentra sumergido en una de las crisis más graves de su historia.
Desapariciones, ejecuciones arbitrarias y el uso brutal de la fuerza policiaca lo encumbran como uno de los países con mayor índice de violaciones a los derechos humanos en el mundo, expresó.
Hasta la fecha, las cuatro víctimas de Rosarito siguen sufriendo abusos y la reparación de daños luce lejana, pues ni siquiera han recibido una disculpa formal. Peor aún: el caso no alteró el accionar de las fuerzas castrenses pues, a final de cuentas, pese a los más de 50 millones de pesos invertidos en los equipos de filmación, los mexicanos no pueden ver nada.
“Las autoridades son responsables de la disyuntiva que parece existir entre la percepción general de justicia y su distanciamiento de las fuerzas policiales. La pobre entrega de cuentas por parte de Sedena es testimonio de la nula colaboración de las autoridades con la sociedad. La información en materia de derechos humanos no puede ser reservada”, concluyó Quiroz.
Urge transparencia en México
La gravedad de la situación ha propiciado que el tema esté sujeto continuamente a escarnio público. Guadalupe Garza Galván, miembro de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, criticó que se haya decidido de manera unilateral enviar al Ejército a las labores de seguridad doméstica sin una completa capacitación, ya que, afirma, no es lo mismo sitiar un lugar en estado de guerra que apoyar en tareas que implican a la población civil.
A la representante del PAN no le resulta extraño que las fuerzas armadas estén constantemente involucradas en casos como el de Tlatlaya o el de Rosarito. La senadora cree que la sociedad mexicana debería poder confiar en sus fuerzas armadas; sin embargo, es consciente de que, basada en la opacidad de sus operaciones, la percepción negativa que se tiene sobre ellas se encuentra al alza.
Aunado a esto, para Garza Galván, la filmación de sus operativos significa una oportunidad para recuperar un poco de la credibilidad perdida por las fuerzas armadas durante los años más recientes y no se explica cómo ni por qué la dejaron pasar.
“Cuando un elemento como los videos con los que se podría garantizar el respeto a los derechos humanos es destruido o reservado, se generan motivos de desconfianza. El Ejército debe ser la institución que, por excelencia vigile el cumplimiento de los derechos humanos de los mexicanos […] la negativa habla de opacidad y de falta de cultura para rendir cuentas. Transparencia es lo que le urge a México”, señaló.
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