La Procuraduría General de la República (PGR) congeló las cuentas bancarias de los suegros de Javier Duarte como parte de una investigación que les inició por delitos fiscales, financieros y lavado de dinero.
Según información publicada este sábado por el diacio de circulación nacional Reforma la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) aseguró las cuentas de María Virginia Yazmín Tubilla Letayf y Jesús Antonio Macías Yazegey, como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016.
La orden de aseguramiento fue emitida en el oficio UEIDFF/3661/2016 y entregada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), según documentos judiciales consultados.
Dicha comisión ejecutó el mandato de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la SEIDF, con la orden de aseguramiento precautorio 214-4/6488415/2016.
Las cuentas que han sido inmovilizadas son la 60505171537, a nombre de Tubilla Letayf en Banco Santander, y la 60505171540 de Macías Yazegey en la misma institución financiera, así como la 0091390230201, en Banco del Bajío, también del suegro del Mandatario prófugo de la justicia.
El pasado miércoles, los suegros del Gobernador con licencia de Veracruz promovieron una demanda de amparo, al percatarse que sus cuentas habían sido inmovilizadas, señal de que eran objeto de una investigación.
En su demanda de garantías, el matrimonio Macías Tubilla no solo reclamó el aseguramiento del dinero, sino otros posibles actos de la PGR, como la orden de localización y presentación, de aprehensión, actos de intimidación y tortura.
En el caso del congelamiento de cuentas, Fidel Quiñones, Juez Décimo de Distrito en Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, negó suspender la medida precautoria.
Los argumentos del juzgador son, por un lado, que no podía frenar un acto ya consumado y, por otro, suspender el congelamiento implicaría ir en contra de la naturaleza legal de una investigación.
"Conceder la suspensión implicaría contravenir disposiciones de orden público y atentar contra el interés de la colectividad, porque dicha actuación deriva de una investigación por la posible comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita", señala Quiñones.
Con información de Reforma
No hay comentarios.:
Publicar un comentario